El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal orientada a endurecer las sanciones, con prisión de por vida, contra quienes asesinen a miembros de los cuerpos de seguridad y operadores de justicia en Honduras. La propuesta fue anunciada durante la sesión legislativa, luego de una reunión sostenida con la junta directiva y jefes de bancada, en la que también se discutieron otras medidas relacionadas con seguridad y protección de la propiedad privada.
Reforma plantea prisión de por vida
El presidente Zambrano explicó que la iniciativa busca establecer castigos más severos contra delincuentes responsables de asesinar a policías, militares, fiscales y jueces mientras desempeñan sus funciones. “Es una reforma al Código Penal en la que se establece una pena drástica, fuerte y ejemplar contra aquellos delincuentes criminales que atenten contra la vida de los policías, militares, operadores de justicia, fiscales y jueces en el desempeño de sus labores”, expresó.
El titular del Legislativo señaló que la medida surge en medio de hechos violentos registrados recientemente, entre ellos el asesinato de varios oficiales en el departamento de Cortés. “Hemos visto la semana anterior el asesinato o la masacre contra cinco oficiales en el departamento de Cortés y tenemos que proteger también al policía, al militar y al operador de justicia”, manifestó. El presidente Zambrano explicó que la reforma incluiría los artículos 540A y 540B del Código Penal y contemplaría la pena de privación de libertad de por vida para quienes den muerte a miembros de los cuerpos de seguridad o del sistema judicial.
También reformas contra invasiones
Durante su intervención, el presidente del Congreso Nacional también anunció que la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana ya tiene listo un decreto especial relacionado con el combate a las invasiones de tierras. El parlamentario presidente sostuvo que estas acciones buscan fortalecer la seguridad jurídica y responder a hechos violentos vinculados a disputas territoriales. “Tenemos que respetar la propiedad privada, la inversión, la seguridad jurídica y la vida de estos ciudadanos”, señaló.
