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Presidente del CN instruye abordaje urgente y conjunto de invasión de tierras

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, instruyó a la Comisión Legislativa de Seguridad y Prevención Ciudadana a establecer una mesa de trabajo junto a otras instituciones del Estado para abordar de manera urgente la invasión de tierras productivas en el país.  Zambrano recordó al pleno de diputados que es urgente actuar desde el primer poder del Estado contra la inseguridad jurídica que ahuyenta la inversión en el país.


Al iniciar la sesión parlamentaria, el titular de la Cámara se manifestó sobre el aumento de las invasiones de tierras productivas en el territorio nacional.  Zambrano lamentó que en el pasado reciente nunca se quisieron ejecutar órdenes de desalojo en zonas productivas donde la generación de empleo estaba garantizada, pese a que se establecieron las acciones de denuncias en el Ministerio Público y la Policía Nacional. El titular del Legislativo recordó que en el año 2020 se hizo una reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal para que existiera un proceso rápido y expedito cuando se invadiera una tierra productiva, pero, recriminó, “le han hecho caso omiso a eso”.


En tal sentido, anunció Zambrano, “vamos a encomendar a la Comisión de Seguridad que establezca una mesa legislativa de trabajo con la Policía Nacional, con la Secretaría de Seguridad, con el Ministerio Público, con la Corte Suprema de Justicia, con el Instituto Nacional Agrario, con las Fuerzas Armadas de Honduras, que revisen la legislación, que revisen los casos actuales, cuántas manzanas de tierra se han invadido estos últimos años y sobre todo en personas, empresas e industrias que se han visto perjudicadas”.
La comisión presentará un diagnóstico de esa revisión y, de acuerdo con Zambrano, si es necesaria una nueva reforma se hará. Sin embargo, aclaró que no se dejará de la mano a los grupos campesinos, pues ellos tienen el derecho de buscar acceso a tierras. El presidente del Congreso Nacional refirió que la misma Ley de Reforma Agraria, en relación con las tierras ociosas, establece que el Estado les va a apoyar, aunque dejó claro que tampoco se puede perjudicar al privado, a las familias que tienen su propiedad privada.

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